El fallo del Tribunal que preside la Corte Permanente Internacional de La Haya, que determinó que las cortes del Ecuador incumplieron el tratado bilateral de protección de inversiones con EE.UU., puede pasar al país una costosa factura.
En el fallo, emitido el 30 de marzo, se adjudica un pago a Chevron y a Texaco por USD 698,6 millones, incluidos los intereses hasta el 22 de diciembre del 2006. A inicios de los noventa, Texaco interpuso siete reclamos en las cortes civiles de Ecuador, por supuesto incumplimiento de contrato.
Luego de 15 años y ante la falta de un pronunciamiento judicial, la petrolera estadounidense, que fue adquirida por Chevron en el 2001, presentó una demanda arbitral.
La primera reacción de las autoridades ecuatorianas ha sido rechazar ese pronunciamiento arbitral y reconocer una debilidad en el sistema judicial ecuatoriano. Por ahora se estudian los mecanismos jurídicos que permitan atenuar el pronunciamiento del Tribunal de La Haya.
Sin embargo, preocupa que este caso se sume a otros procesos que se ventilan en cortes internacionales contra el Ecuador y que alcanzan los USD 11 000 millones. De ratificarse esta indemnización de USD 698,6 millones, el perjuicio económico para el país afectará sus cuentas. Sobre todo si a eso se suma la difícil tarea que tiene el Ejecutivo para financiar su presupuesto y cubrir un déficit fiscal.
El fallo a favor de Chevron y Texaco es un precedente que se debe analizar con cabeza fría por parte de las autoridades. Más allá de responder con argumentos políticos es hora de revisar con claridad los compromisos adoptados por Ecuador en el ámbito de la legislación internacional.
En el fallo, emitido el 30 de marzo, se adjudica un pago a Chevron y a Texaco por USD 698,6 millones, incluidos los intereses hasta el 22 de diciembre del 2006. A inicios de los noventa, Texaco interpuso siete reclamos en las cortes civiles de Ecuador, por supuesto incumplimiento de contrato.
Luego de 15 años y ante la falta de un pronunciamiento judicial, la petrolera estadounidense, que fue adquirida por Chevron en el 2001, presentó una demanda arbitral.
La primera reacción de las autoridades ecuatorianas ha sido rechazar ese pronunciamiento arbitral y reconocer una debilidad en el sistema judicial ecuatoriano. Por ahora se estudian los mecanismos jurídicos que permitan atenuar el pronunciamiento del Tribunal de La Haya.
Sin embargo, preocupa que este caso se sume a otros procesos que se ventilan en cortes internacionales contra el Ecuador y que alcanzan los USD 11 000 millones. De ratificarse esta indemnización de USD 698,6 millones, el perjuicio económico para el país afectará sus cuentas. Sobre todo si a eso se suma la difícil tarea que tiene el Ejecutivo para financiar su presupuesto y cubrir un déficit fiscal.
El fallo a favor de Chevron y Texaco es un precedente que se debe analizar con cabeza fría por parte de las autoridades. Más allá de responder con argumentos políticos es hora de revisar con claridad los compromisos adoptados por Ecuador en el ámbito de la legislación internacional.
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